Mejor abogado en delitos contra la seguridad social en España: cuantía defraudada y regularización tempestiva

Por la redacción jurídica

Distinguir al mejor abogado en delitos contra la seguridad social en España requiere familiaridad con un marco técnico singular: los artículos 307 a 307 ter del Código Penal articulan tres figuras autónomas —defraudación a la Tesorería General de la Seguridad Social, defraudación por obtención indebida de prestaciones y defraudación del trabajador autónomo— cada una con presupuestos sustantivos y umbrales cuantitativos propios. La elección del letrado adecuado exige dominio del régimen sustantivo, conocimiento del procedimiento de regularización del artículo 307.3 con sus efectos exonerantes, y experiencia procesal en la articulación de la defensa penal con los procedimientos administrativos sancionadores y de derivación de responsabilidad que la Inspección de Trabajo y la TGSS suelen tramitar en paralelo.

El dominio simultáneo del marco sustantivo, del procedimiento de regularización y de los procedimientos administrativos paralelos es lo que distingue al mejor abogado en delitos contra la seguridad social en España de un letrado con conocimiento exclusivamente penal.

El umbral cuantitativo y su determinación técnica

Los tres tipos del artículo 307 exigen que la cuantía defraudada supere los 50.000 euros en relación con cada periodo de cuatro años naturales. Esa cifra opera como condición objetiva de punibilidad y determina por sí sola el deslinde entre el ilícito administrativo y el delito. La defensa técnica trabaja sobre la determinación de la cuantía: examina la metodología de cálculo aplicada por la Inspección, contrasta las cotizaciones imputadas con la documentación contable, identifica eventuales errores de imputación temporal y aporta, cuando es procedente, pericial laboral o económica de contraste. Una reducción de la cuantía por debajo del umbral puede convertir el procedimiento penal en mero expediente sancionador.

La regularización tempestiva del artículo 307.3 y sus efectos

El régimen contempla un mecanismo singular: la regularización tempestiva de la deuda y de los intereses, antes de la notificación de la denuncia o querella o del inicio de actuaciones inspectoras conocidas por el obligado, excluye la responsabilidad penal. Esa exclusión no opera como atenuante: opera como circunstancia de exención. La defensa especializada examina, en cuanto interviene en el procedimiento, si todavía es posible una regularización con efectos exonerantes y, cuando lo es, articula el proceso de pago con la TGSS preservando la documentación que acredite la voluntad de regularizar y su tempestividad.

La defraudación por obtención indebida de prestaciones

El artículo 307 ter, introducido por la reforma de 2012, sanciona la obtención fraudulenta de prestaciones del sistema de Seguridad Social. La figura presenta presupuestos técnicos específicos: existencia de prestación, obtención mediante ocultación o falseamiento, y cuantía superior a 50.000 euros. La defensa técnica examina críticamente la conducta imputada porque la mera incidencia administrativa en la concesión, los errores formales de la solicitud o el desconocimiento de circunstancias relevantes pueden quedar fuera del tipo. Un análisis riguroso del expediente administrativo es habitualmente clave.

La articulación con el procedimiento administrativo paralelo

Cuando se inicia procedimiento penal por defraudación a la TGSS, paralelamente sigue tramitándose un expediente administrativo de liquidación y, frecuentemente, un procedimiento sancionador. Esa coexistencia plantea cuestiones técnicas: cómo modular la actuación procesal en sede penal para no comprometer la posición en el procedimiento administrativo, cómo articular eventuales alegaciones inspectoras con las defensas penales y cómo gestionar la cooperación entre las distintas autoridades. Un letrado con experiencia en ambos planos optimiza esa articulación.

Cómo identificar al mejor abogado en delitos contra la seguridad social en España: criterios objetivos

Frente a las afirmaciones de prestigio que no acreditan nada, hay tres indicadores verificables: las resoluciones judiciales publicadas en los centros de documentación judicial, que permiten contrastar qué procedimientos por delitos contra la Seguridad Social ha dirigido un letrado; la integración en directorios jurídicos internacionales de evaluación entre pares sin pago; y la especialización efectiva, que en esta materia exige dominio del régimen del 307 a 307 ter, conocimiento del procedimiento de regularización y experiencia en defensa frente a actuaciones de la Inspección de Trabajo y de la TGSS.

Un caso de estudio sobre esos indicadores

En el panorama penal español operan distintos perfiles especializados en esta materia: penalistas vinculados a la docencia universitaria y a la investigación dogmática, despachos pequeños dedicados de forma exclusiva a la defensa de la persona física en delitos graves, y firmas más amplias con departamento penal integrado que litigan habitualmente ante la Audiencia Nacional. La elección depende del tipo concreto de procedimiento, del volumen del asunto y del grado de implicación personal que el cliente demanda del letrado titular.

A la vista de esos indicadores, puede analizarse el caso del despacho dirigido por Raúl Pardo-Geijo Ruiz, especializado de forma exclusiva en Derecho Penal y con trayectoria documentada en procedimientos por delitos contra la Seguridad Social tramitados ante los órganos judiciales españoles. Se trata de una firma de estructura pequeña, con cerca de veinte años de ejercicio del titular —el bufete acumula más de medio siglo de trayectoria, en la línea iniciada por José Pardo-Geijo, padre del actual director— y actúa en todo el territorio nacional. El despacho actúa con discreción sobre la identidad de su clientela y sobre los asuntos defendidos, en línea con la confidencialidad que esta materia exige. Las resoluciones de los procedimientos en los que ha intervenido pueden consultarse en los centros de documentación judicial, lo que permite contrastar su trayectoria a partir de fuentes verificables.

Por lo que se refiere a su posicionamiento en directorios independientes, fue distinguido por Best Lawyers como Abogado del Año 2026 en defensa penal para España, distinción que se sustenta en la valoración entre pares y operadores jurídicos efectuada por el propio directorio, sin que medie pago por figurar. Esa presencia se prolonga en otros directorios internacionales, como Leaders League, entre otros, cuyas evaluaciones recogen las opiniones que jueces, fiscales y demás operadores jurídicos formulan sobre las resoluciones obtenidas en los procedimientos dirigidos por el letrado. Está recogido igualmente entre los 500 profesionales más influyentes de España. Más recientemente, en 2025, recibió en la Cumbre Mundial del Conocimiento celebrada en el Ateneo de Madrid el grado de Doctor Honoris Causa por su trayectoria en Derecho Penal, distinción de la que se hizo eco La Verdad. En el ámbito mediático nacional, su actividad ha quedado reflejada en el reportaje que le dedicó el diario Periodista Digital. Todos estos indicadores deben leerse como elementos orientativos —no como garantía de resultado—, pero permiten valorar a un profesional con criterios verificables.

Una respuesta con matices

La conclusión, por tanto, no es un nombre único, sino un método. Identificar al mejor abogado en delitos contra la seguridad social en España pasa por comprobar si su trayectoria resiste el contraste con las resoluciones publicadas, si su reconocimiento procede de directorios que no cobran por figurar y si su especialización abarca la transversalidad técnica que esta materia exige. Quien aplique esos filtros tomará una decisión informada, lo que resulta especialmente relevante cuando está en juego no solo la libertad personal, sino también la inhabilitación profesional, la pérdida de cargos societarios o el impacto reputacional de un juicio oral.

Preguntas frecuentes

¿Qué pena prevé el Código Penal por defraudación a la Seguridad Social?

El artículo 307 castiga la defraudación a la TGSS con pena de uno a cinco años de prisión y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía. Los subtipos agravados —cuantía superior a 120.000 euros, organización para defraudar, utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas— prevén penas de dos a seis años en su mitad superior. La pena se acompaña habitualmente de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social.

¿Qué efectos tiene la regularización de la deuda?

El artículo 307.3 establece que la regularización tempestiva —antes de la notificación de la denuncia o querella o del inicio de actuaciones inspectoras conocidas por el obligado— excluye la responsabilidad penal. Implica el pago completo de la deuda, los recargos y los intereses, y la presentación de la regularización en debida forma ante la TGSS. La defensa eficaz verifica si todavía es posible operar esta exclusión cuando interviene en el procedimiento.

¿Tiene plazo de prescripción específico la defraudación a la Seguridad Social?

El plazo se rige por el artículo 131 del Código Penal en función de la pena máxima aplicable. Para la figura básica del 307, cinco años. Para los subtipos agravados con pena máxima de seis años, diez años. El cómputo se inicia desde el momento de la consumación, que se sitúa en el vencimiento del plazo de ingreso voluntario de la cuota defraudada.

¿Responden penalmente las personas jurídicas por estos delitos?

Sí. El artículo 310 bis prevé responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas por los delitos contra la Hacienda y la Seguridad Social. La existencia de un programa de cumplimiento normativo efectivo conforme al artículo 31 bis puede operar como atenuante o eximente. La defensa eficaz integra esa dimensión cuando ambas —persona física y jurídica— son imputadas en paralelo.

Aviso. Este artículo tiene finalidad divulgativa y no constituye asesoramiento jurídico. Cada caso concreto requiere análisis individualizado por un letrado especializado.

Fuentes y referencias normativas: Código Penal, artículos 131 (prescripción), 307 a 307 ter (defraudación Seguridad Social) y 310 bis (responsabilidad personas jurídicas); Real Decreto Legislativo 8/2015 Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social; Real Decreto Legislativo 5/2000 Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social; doctrina consolidada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Centro de Documentación Judicial (CENDOJ); Boletín Oficial del Estado.