Un tribunal de distrito de EE.UU. ha emitido una orden judicial preliminar contra la CTA (y su potencialmente oneroso requisito de informes), declarándola inconstitucional. ¿Qué deberían hacer las empresas ahora?
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas ha generado la mayor complicación hasta ahora en relación con la Ley de Transparencia Corporativa Estadounidense (CTA) y su requisito de informes que estaba a punto de afectar de manera inminente a millones de empresas.
El 3 de diciembre, el juez de distrito Amos L. Mazzant III emitió una orden calificando a la CTA como “probablemente inconstitucional” y bloqueando al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que no la haga cumplir. La orden judicial preliminar a nivel nacional se emitió pocos días antes de la fecha límite de presentación de informes de información sobre propietarios beneficiarios (BOI) para muchas empresas, programada para el 1 de enero. Muchas organizaciones empresariales han afirmado que el requisito de presentación representaba una obligación onerosa, si no imposible de cumplir, para las empresas. Algunas compañías también han desafiado con éxito el requisito, que traía consigo multas severas por incumplimiento, en tribunales locales.
Ahora queda parcialmente incierto qué deben hacer las empresas.
Intención original
La CTA estaba destinada a obligar, a partir del 1 de enero, a que las empresas, corporaciones, LLCs, sociedades limitadas y entidades similares divulgaran información sobre sus “propietarios beneficiarios” a la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), una oficina dentro del Departamento del Tesoro.
Con el objetivo de mejorar la transparencia financiera y combatir el lavado de dinero, todas las entidades nacionales y extranjeras formadas o registradas para hacer negocios en los EE.UU. debían presentar un informe BOI, salvo aquellas que estuvieran exentas (a menudo debido a su tamaño). FinCEN siempre mantuvo que el informe en sí era sencillo y rápido, aunque reconoció que la obligación recaería sobre millones de empresas bajo la amenaza de cientos de dólares al día en multas iniciales por incumplimiento.
Algunos contribuyentes estadounidenses rápidamente desafiaron la CTA y el BOI, considerándolos inconstitucionales y un obstáculo indebido para los negocios. Algunos tribunales locales afirmaron los desafíos, y los opositores a la CTA esperaban decisiones más amplias a su favor.
‘Cuasi-Orwelliana’
Parece que han conseguido una. A principios de este mes, un tribunal federal de distrito en Texas emitió la orden judicial en el caso de Texas Top Cop Shop, Inc., et al. v. Garland, et al., deteniendo temporalmente la aplicación de los requisitos de presentación de BOI de la CTA en todo el país (uno de los demandantes representa a miembros a nivel nacional). Observadores afirman que esta orden suspende todos los plazos para que las empresas informantes cumplan con la CTA.
El Tribunal escribió que la CTA “regula empresas registradas para hacer negocios bajo las leyes de un Estado y exige que esas empresas informen sobre su propiedad, incluida información personal detallada sobre sus propietarios, al Gobierno Federal bajo pena de severas sanciones. Aunque aparentemente benigno”, agrega el fallo, “este mandato federal marca un drástico doble desvío de la historia.”
El Tribunal argumentó que la CTA representa un intento federal de monitorear empresas creadas bajo la ley estatal en los EE.UU. (“un asunto que nuestro sistema federalista ha dejado casi exclusivamente a los diversos Estados”) y termina con una característica de la formación corporativa tal como fue diseñada por varios Estados, “el anonimato. Por una buena razón, los Demandantes temen este estatuto cuasi-orwelliano y sus implicaciones en nuestro sistema dual de gobierno.”
“A pesar de intentar reconciliar la CTA con la Constitución en cada paso, el Gobierno no puede proporcionar al Tribunal ninguna teoría sostenible de que la CTA esté dentro del poder del Congreso”, añadió el juez Amos L. Mazzant al emitir su fallo. “E incluso ante la deferencia que el Tribunal debe dar al Congreso, la CTA parece probablemente inconstitucional.”
Observadores añadieron que el Tribunal encontró que la CTA impone a las empresas costos de cumplimiento significativos sin salvaguardas claras contra el mal uso de los datos recopilados.
¿Qué sigue?
La orden judicial, mientras esté en vigor, detiene la aplicación del incumplimiento del BOI.
La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? El gobierno de los EE.UU. ha apelado la orden de Mazzant al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito (y ya estaba apelando una orden más limitada de suspensión de la CTA en otro circuito). El Instituto Americano de CPA ha aconsejado desde entonces a sus miembros que, “como mínimo, aquellos que asisten a clientes con la presentación de informes BOI continúen recopilando la información requerida de sus clientes y estén preparados para presentar el informe BOI si se levanta la orden judicial.”
Otros tribunales estadounidenses han respaldado la CTA, añaden los observadores, aunque se espera que la próxima administración Trump apoye más recortes a la CTA y su requisito de informes mediante recortes de fondos, revisando regulaciones o mediante acciones ejecutivas o legislativas.
“La orden judicial a nivel nacional marca solo el comienzo de lo que probablemente será una prolongada batalla legal,” ha escrito Forbes. Durante esa batalla, las empresas deberían buscar asesores ágiles que se mantengan constantemente actualizados sobre los requisitos de cumplimiento en evolución.
Su especialista fiscal necesita mantenerse al tanto de este y muchos otros temas relacionados con la riqueza, ingresos extranjeros y cumplimiento fiscal. Si podemos ayudar, por favor háganoslo saber.
Acerca de la Autora
Alicea Castellanos es la CEO y Fundadora de Global Taxes LLC. Alicea proporciona servicios personalizados de asesoramiento y cumplimiento tributario de los Estados Unidos a las familias de alto patrimonio neto y sus asesores.
Alicea tiene más de 17 años de experiencia. Antes de formar Global Taxes, Alicea fundó y supervisó operaciones en una firma de impuestos boutique, trabajó en un prestigioso bufete de abogados global y firma de CPA. Alicea se especializa en la planificación de impuestos de los Estados Unidos y el cumplimiento para familias no estadounidenses con estructuras globales de protección de riquezas y activos que incluyen fideicomisos, propiedades y fundaciones que no son estadounidenses y tienen una conexión estadounidense.
Alicea también se especializa en inversión extranjera en bienes raíces estadounidenses, y otros activos estadounidenses, planificación fiscal antes de la inmigración, asuntos de expatriación de los Estados Unidos, personas estadounidenses en recibir regalos y herencias extranjeras, cuentas extranjeras y cumplimiento de activos, divulgaciones voluntarias en el extranjero/amnistías fiscales, registro FATCA y empresas extranjeras que desean hacer negocios en los Estados Unidos.
Alicea habla español con fluidez y tiene un conocimiento práctico del portugués.
Alicea es miembro activo de la Society of Trusts & Estates Practitioners (STEP), el New York State Society of Certified Public Accountants (NYSSCPAs), el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) y la International Fiscal Association (IFA), es miembro de Clarkson Hyde Global, una asociación mundial de contadores, auditores, especialistas fiscales y asesores financieros y de Global Referral Network (GRN).
Distintivamente en el 2020, Alicea recibió el prestigioso premio de NYSSCPA Forty Under 40. Ella fue seleccionada como alguien que posee notorias habilidades y está haciendo una clara diferencia en el sector de contabilidad.
En 2021 y 2022, Alicea fue la ganadora de oro y plata, respectivamente, de los premios Powerwomen de Citywealth en la categoría de Estados Unidos – Mujer del año – Crecimiento Empresarial (Boutique). En 2023, continuó su racha ganadora al recibir oro en la categoría de Empresa del Año Liderazgo Femenino (Boutique) y el premio de Plata a la Empresa de Contabilidad del Año en los Magic Circle Awards. Además, Alicea ha asegurado constantemente su posición en el Global Elite Directory durante cuatro años consecutivos, siendo reconocida como Asesora Global Elite de Cliente Privado y actualmente figura para 2024 como Asesora No Legal. Este directorio exclusivo destaca anualmente a los abogados de élite del mundo y a los destacados asesores patrimoniales que prestan servicios a clientes de altísimo patrimonio.
Por favor note que: Este contenido está intencionado únicamente con fines informativos y no es un reemplazo de contabilidad profesional o servicios preparatorios de impuestos. Consulte a su propio profesional en contabilidad, legalidad y fiscalidad para asesoramiento relacionado a su situación individual. Cualquier copia o reproducción de nuestra presentación está expresamente prohibida. Cualquier nombre o situación que haya sido recreada para fines ilustrativos —cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.