Después de que un tribunal de circuito de EE. UU. revierte una decisión reciente y respalda una orden judicial contra el requisito de informes de la CTA, el gobierno federal recurre a la Corte Suprema.
Continúa la confusión sobre el mandato federal intermitente que obliga a las empresas a informar información sobre sus propietarios.
Un panel del Tribunal de Circuito del Quinto Distrito de EE. UU. restableció una orden judicial a nivel nacional que bloquea la aplicación de los informes de Información sobre Propiedad Beneficiaria (BOI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés). La decisión del panel se produjo solo unos días después de que los argumentos del gobierno de EE. UU. convencieran al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en el caso Texas Top Cop Shop v. Garland, para levantar la orden judicial preliminar nacional emitida el 3 de diciembre. Por lo tanto, los informes BOI están nuevamente en vigor (al menos por el momento) a partir del 1 de enero de 2025.
Más recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó un recurso ante la Corte Suprema solicitando que el Alto Tribunal suspenda la orden judicial del tribunal de distrito, argumentando que es probable que el gobierno federal tenga éxito en su caso.
“El requisito de informes de la ley es importante para el gobierno para prevenir, detectar y enjuiciar delitos como el lavado de dinero, el fraude fiscal y la financiación del terrorismo”, escribió el DOJ el 31 de diciembre. “Los requisitos, por lo tanto, entran cómodamente dentro de la autoridad del Congreso bajo la Cláusula de Comercio para regular actividades económicas (aquí, la operación anónima de entidades comerciales) que afectan sustancialmente el comercio interestatal. Los requisitos también son necesarios y adecuados para hacer cumplir varios poderes enumerados del Congreso, incluido el poder de regular el comercio interestatal y extranjero y recaudar impuestos, así como los poderes del Congreso en relación con los asuntos exteriores”.
“El Acta impone solo cargas mínimas a los demandados”, también señaló la presentación del DOJ. “Como mínimo, esta Corte debería limitar la orden judicial excesivamente amplia del tribunal de distrito”.
Cumplimiento voluntario por ahora
La CTA ha exigido que ciertas empresas no exentas informen la identidad de sus propietarios beneficiarios y solicitantes de incorporación a partir del 1 de enero de 2025.
El 3 de diciembre, el juez del Tribunal de Distrito Amos L. Mazzant III emitió una orden calificando la CTA como “probablemente inconstitucional” y bloqueando al Departamento del Tesoro de EE. UU. de hacerla cumplir. La reciente orden judicial fue considerada un alivio para muchas empresas debido a la carga potencialmente onerosa del informe. El gobierno presentó una moción de emergencia ante este tribunal solicitando una suspensión, ganando el 23 de diciembre, solo cuatro días antes de la decisión del panel.
La CTA había ordenado que, a partir del 1 de enero, las empresas, corporaciones, LLC, sociedades limitadas y entidades similares revelaran información sobre sus “propietarios beneficiarios” a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina dentro del Tesoro de EE. UU.
Con el objetivo de mejorar la transparencia financiera y combatir el lavado de dinero, todas las entidades nacionales y extranjeras formadas o registradas para hacer negocios en EE. UU. deben presentar un informe BOI, a menos que estén exentas (a menudo debido a su tamaño). FinCEN siempre ha sostenido que el informe en sí es simple y rápido, aunque reconoció que la obligación recaerá sobre millones de empresas.
Tras la suspensión, FinCEN extendió los plazos para presentar los informes BOI. Ahora, después del fallo del panel, FinCEN declaró: “Las empresas informantes actualmente no están obligadas a presentar información sobre propiedad beneficiaria ante FinCEN y no están sujetas a responsabilidad si no lo hacen mientras la orden siga en vigor. Sin embargo, las empresas informantes pueden continuar presentando voluntariamente los informes de información sobre propiedad beneficiaria”.
¿Qué deben hacer las empresas ahora?
Informes recientes señalaron que, a partir del 1 de diciembre, FinCEN había recibido solo 9.5 millones de los 32.6 millones de informes requeridos para las entidades existentes a partir del 1 de enero. El incumplimiento podría –y eventualmente aún puede– conllevar severas sanciones, incluidas multas civiles de hasta cientos de dólares por día, multas penales de hasta $10,000 por informe e incluso encarcelamiento.
Tras la orden judicial, el Instituto Americano de CPAs ha aconsejado a sus miembros que “al menos, aquellos que asisten a los clientes con informes BOI continúen recopilando la información requerida de sus clientes y estén preparados para presentar el informe BOI si se levanta la orden judicial”.
A pesar de los desafíos exitosos en tribunales inferiores, otros tribunales estadounidenses han respaldado la CTA, agregan observadores, aunque se espera que la próxima administración de Trump apoye restringir aún más la CTA.
Esta sigue siendo una situación en desarrollo en la que el cumplimiento podría –o no– ser requerido rápidamente. Seguiremos informándote.
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Acerca de la Autora
Alicea Castellanos es la CEO y Fundadora de Global Taxes LLC. Alicea proporciona servicios personalizados de asesoramiento y cumplimiento tributario de los Estados Unidos a las familias de alto patrimonio neto y sus asesores.
Alicea tiene más de 17 años de experiencia. Antes de formar Global Taxes, Alicea fundó y supervisó operaciones en una firma de impuestos boutique, trabajó en un prestigioso bufete de abogados global y firma de CPA. Alicea se especializa en la planificación de impuestos de los Estados Unidos y el cumplimiento para familias no estadounidenses con estructuras globales de protección de riquezas y activos que incluyen fideicomisos, propiedades y fundaciones que no son estadounidenses y tienen una conexión estadounidense.
Alicea también se especializa en inversión extranjera en bienes raíces estadounidenses, y otros activos estadounidenses, planificación fiscal antes de la inmigración, asuntos de expatriación de los Estados Unidos, personas estadounidenses en recibir regalos y herencias extranjeras, cuentas extranjeras y cumplimiento de activos, divulgaciones voluntarias en el extranjero/amnistías fiscales, registro FATCA y empresas extranjeras que desean hacer negocios en los Estados Unidos.
Alicea habla español con fluidez y tiene un conocimiento práctico del portugués.
Alicea es miembro activo de la Society of Trusts & Estates Practitioners (STEP), el New York State Society of Certified Public Accountants (NYSSCPAs), el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) y la International Fiscal Association (IFA), es miembro de Clarkson Hyde Global, una asociación mundial de contadores, auditores, especialistas fiscales y asesores financieros y de Global Referral Network (GRN).
Distintivamente en el 2020, Alicea recibió el prestigioso premio de NYSSCPA Forty Under 40. Ella fue seleccionada como alguien que posee notorias habilidades y está haciendo una clara diferencia en el sector de contabilidad.
En 2021 y 2022, Alicea fue la ganadora de oro y plata, respectivamente, de los premios Powerwomen de Citywealth en la categoría de Estados Unidos – Mujer del año – Crecimiento Empresarial (Boutique). En 2023, continuó su racha ganadora al recibir oro en la categoría de Empresa del Año Liderazgo Femenino (Boutique) y el premio de Plata a la Empresa de Contabilidad del Año en los Magic Circle Awards. Además, Alicea ha asegurado constantemente su posición en el Global Elite Directory durante cuatro años consecutivos, siendo reconocida como Asesora Global Elite de Cliente Privado y actualmente figura para 2024 como Asesora No Legal. Este directorio exclusivo destaca anualmente a los abogados de élite del mundo y a los destacados asesores patrimoniales que prestan servicios a clientes de altísimo patrimonio.
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