Más Contribuyentes Desafían las Declaraciones de CTA
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Los contribuyentes americanos en dos estados son los últimos en ampliar los desafíos de las declaraciones de información sobre beneficiarios reales de la Ley de Transparencia Corporativa de Estados Unidos.
Un propietario mayoritario de dos empresas de Maine se ha convertido en el contribuyente/propietario de negocios estadounidense más reciente en presentar un recurso constitucional contra la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) y sus nuevos requisitos de declaración para los negocios pequeños sobre la información de sus propietarios (BOI).
El problema principal: ¿Puede el gobierno de Estados Unidos interferir con un acuerdo de negocio que es esencialmente entre una empresa privada y el gobierno estatal americano?
William Boyle de Maine es dueño del 90%, entre otras participaciones, de dos sociedades con responsabilidad limitad con bienes inmuebles locales. Boyle argumenta que el CTA es una “usurpación inconstitucional del poder estatal para regular la formación de entidades.”
Mientras tanto, en Ohio los demandantes en el caso pendiente de Gargasz v. Yellen citan una mayor gama de derechos constitucionales y buscan la orden judicial a nivel nacional sobre los requisitos de declaración del CTA.
Estos dos casos llegan inmediatamente después de que los jueces federales en las reglas de Distrito Norte de Alabama dictaminaran que el CTA es inconstitucional dentro de los límites de los demandaste en un caso específico.
Todo después de tan solo tres meses desde que los requisitos de CTA/BOI entraron en vigor.
Que debe ser declarado
A partir del 1 de enero, La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Tesoro de Estados Unidos requiere que las entidades de negocios declaren BOI.
FinCEN estima que la regla pronto impactará a 32.6 millones de empresas y disuadirá el lavado de dinero, especialmente en entidades en el extranjero. Todas las entidades nacionales y extranjeras formadas o registradas para hacer negocio en Estados Unidos deberán presentar la declaración de BOI a menos que cumplan con las condiciones de excepción.
Las empresas deberán declarar la información de contacto de todos los individuos que sean dueños o tengan control de por lo menos el 25% de las participaciones de propiedad de una empresa. Las empresas constituidas antes de este año tendrán todo el 2024 para declarar; las empresas formadas este año tendrán 90 días para declarar; las empresas formadas después de este año tendrán 30 días para declarar su BOI.
El no declarar podría conllevar desde multas de $600 por día hasta la cárcel. Aun así, preguntas difundidas y la falta de conocimiento de los requisitos de BOI persisten durante un trimestre completo de 2024.
Los desafíos más significativos hasta ahora
A principios de marzo, el juez federal Liles C. Burke para el Distrito Norte de Alabama dictaminó el CTA inconstitucional en el caso de la National Small Business United, d/b/a the National Small Business Association, et al. v. Yellen, et al.
“¿La Constitución le da poder al Congreso para regular estos millones de entidades y sus partes interesadas en el momento en el que obtienen un estatus formal corporativo de un Estado?” dictó Burke, agregando que la CTA es un ejercicio inconstitucional del poder de Congreso.
A mediados de marzo, FinCEN anunció que apelaría contra la decisión de Alabama. “El gobierno no está ejerciendo actualmente la Ley de Transparencia Corporativa en contra de los demandantes en esta acción,” dijo la agencia. “Aparte de los individuos particulares y las entidades sujetas a la orden judicial de la Corte … las empresas siguen estando obligadas a cumplir con la ley y presentar declaraciones de propiedad benéfica como provista por las regulaciones en FinCEN.”
En el caso de Maine de William Boyle v. Janet Yellen et al., el demandante “objecto de ser forzado a cumplir con la Ley [de Transparencia Corporativa] como una usurpación inconstitucional sobre la soberanía del Estado de Maine para regular la formación de entidades,” declara su denuncia. “La Regulación de la formación corporativa no cae dentro de ninguno de los poderes enumerados del Congreso.”
Boyle también sostiene que “la carga de CTA caerá substancial y desproporcionadamente sobre los negocios pequeños privados y de las organizaciones no comerciales, independientemente de si hay alguna razón para creer que estos pequeños negocios y organizaciones se han involucrado en alguna mala conducta.”
La Regla Actual de Debida Diligencia logra mejor el objetivo de la CTA mejor que la misma CTA lo hará, agrega Boyle, sin crear una base de datos de BOI “conteniendo información personal acerca de las empresas que tienen que declarar con base en la ley y sus dueños, quienes predominantemente serán personas estadounidenses, no los individuos extranjeros y las entidades involucradas en lavado de dinero y actividades ilegales que se le designó al estatuto.”
(La Seguridad de la base de datos de la CTA/BOI ha sido una preocupación desde que los requisitos fueron anunciados.)
La CTA también ha sido impugnada a Gargasz v. Yellen, en el Distrito Norte de Ohio, en el cual un abogado licenciado y su asociación profesional jurídica llenaron una demanda de medidas cautelares y declarativas en diciembre de 2023. El caso está pendiente.
En lo que respecta al futuro de BOI y la CTA. Estos podrían ser los primeros retos de lo que se percibiría como una carga administrativa para las pequeñas empresas.
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Acerca de la Autora
Alicea Castellanos es la CEO y Fundadora de Global Taxes LLC. Alicea proporciona servicios personalizados de asesoramiento y cumplimiento tributario de los Estados Unidos a las familias de alto patrimonio neto y sus asesores.
Alicea tiene más de 17 años de experiencia. Antes de formar Global Taxes, Alicea fundó y supervisó operaciones en una firma de impuestos boutique, trabajó en un prestigioso bufete de abogados global y firma de CPA. Alicea se especializa en la planificación de impuestos de los Estados Unidos y el cumplimiento para familias no estadounidenses con estructuras globales de protección de riquezas y activos que incluyen fideicomisos, propiedades y fundaciones que no son estadounidenses y tienen una conexión estadounidense.
Alicea también se especializa en inversión extranjera en bienes raíces estadounidenses, y otros activos estadounidenses, planificación fiscal antes de la inmigración, asuntos de expatriación de los Estados Unidos, personas estadounidenses en recibir regalos y herencias extranjeras, cuentas extranjeras y cumplimiento de activos, divulgaciones voluntarias en el extranjero/amnistías fiscales, registro FATCA y empresas extranjeras que desean hacer negocios en los Estados Unidos.
Alicea habla español con fluidez y tiene un conocimiento práctico del portugués.
Alicea es miembro activo de la Society of Trusts & Estates Practitioners (STEP), el New York State Society of Certified Public Accountants (NYSSCPAs), el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) y la International Fiscal Association (IFA), es miembro de Clarkson Hyde Global, una asociación mundial de contadores, auditores, especialistas fiscales y asesores financieros y de Global Referral Network (GRN).
Distintivamente en el 2020, Alicea recibió el prestigioso premio de NYSSCPA Forty Under 40. Ella fue seleccionada como alguien que posee notorias habilidades y está haciendo una clara diferencia en el sector de contabilidad.
En 2021 y 2022, Alicea fue la ganadora de oro y plata, respectivamente, de los premios Powerwomen de Citywealth en la categoría de Estados Unidos – Mujer del año – Crecimiento Empresarial (Boutique). En 2023, continuó su racha ganadora al recibir oro en la categoría de Empresa del Año Liderazgo Femenino (Boutique) y el premio de Plata a la Empresa de Contabilidad del Año en los Magic Circle Awards. Además, Alicea ha asegurado constantemente su posición en el Global Elite Directory durante cuatro años consecutivos, siendo reconocida como Asesora Global Elite de Cliente Privado y actualmente figura para 2024 como Asesora No Legal. Este directorio exclusivo destaca anualmente a los abogados de élite del mundo y a los destacados asesores patrimoniales que prestan servicios a clientes de altísimo patrimonio.
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